¿Es obligatorio tramitar un expediente contradictorio y nombrar instructor y secretario para despedir a un representante de los trabajadores?

En caso de despido objetivo, no es obligatorio tramitar un expediente contradictorio por el mero hecho de que el trabajador sea miembro del comité de empresa. Esta garantía se exige para las sanciones por faltas graves o muy graves, conforme al artículo 68.a) del Estatuto de los Trabajadores. No obstante, deberán respetarse las restantes garantías legales, como la prioridad de permanencia.

En cambio, en caso de despido disciplinario, sí es obligatorio tramitar un expediente contradictorio, aunque el convenio colectivo no regule esta cuestión. Así lo establecen los artículos 55.1 y 68.a) del Estatuto de los Trabajadores, que exigen dar audiencia tanto al trabajador afectado como a los restantes miembros de la representación legal a la que pertenezca, si los hubiera.

Ahora bien, el nombramiento de instructor y secretario no es una exigencia general del Estatuto de los Trabajadores, por lo que únicamente será obligatorio cuando lo establezca el convenio colectivo aplicable. Así lo confirma la STS de 17 de julio de 2025, que anuló una sanción por no designar instructor y secretario imparciales cuando el convenio lo exigía, así como la STS de 25 de septiembre de 2012, que considera que el incumplimiento de los requisitos formales convencionales del expediente disciplinario puede determinar la nulidad de la sanción y, en consecuencia, la improcedencia del despido. Además, debe respetarse la audiencia previa exigida para cualquier despido disciplinario por el artículo 7 del Convenio núm. 158 de la OIT, conforme a la STS de 18 de noviembre de 2024. En el caso de los representantes, la correcta tramitación del expediente contradictorio, incluida la audiencia del interesado, satisface también esta exigencia.

En consecuencia, la omisión del expediente contradictorio o de sus audiencias esenciales determina la improcedencia del despido por defecto de forma, no su nulidad, salvo que concurra vulneración de derechos fundamentales. Al tratarse de un representante legal de los trabajadores, la opción entre readmisión e indemnización le corresponde a él. Por el contrario, la falta de nombramiento de instructor y secretario no tendrá consecuencias cuando el convenio colectivo no exija su designación.